El modelo educativo y el desarrollo de las competencias en el canton manabi

La educación ecuatoriana ha atravesado diversos cambios que deben entenderse como la aplicación progresiva de un nuevo modelo regulatorio, enmarcado en la concepción de que un buen sistema educativo es la mejor garantía para conseguir la igualdad y la inclusión social para las futuras generaciones, y es una condición indispensable para el Buen Vivir (Senplades, 2017). Históricamente, el sistema educativo ecuatoriano ha mantenido un desarrollo desigual y diferenciado fruto de inequidades socioeconómicas y una ineficaz cobertura de servicios públicos en el territorio (Senplades, 2017). En tiempos recientes, se han realizado grandes esfuerzos para revertir esta situación (Senplades, 2017). Entre los avances significativos de los últimos años se pueden mencionar: aumento de cobertura, gratuidad de la enseñanza pública, impulso a la inclusión, crecimiento de tasas de matriculación e incremento del financiamiento, entre otros (Senplades, 2017). De acuerdo con un estudio referente a los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce), que fue publicado por Unesco en 2016, el país obtuvo resultados por encima del promedio regional en evaluaciones de desempeño estudiantil contrastando con estudios previos donde los resultados ubicaban al país en los últimos escaños a nivel regional (Flotts et al., 2016). Pero si bien Ecuador aparece hoy en una ubicación media entre los países de la región, sin duda alguna aún queda mucho por hacer.

La Constitución establece un marco de derechos donde la educación es definida como un derecho de las personas a lo largo de su vida; la educación es un deber ineludible e inexcusable del Estado, que debe ser priorizada tanto en definiciones de política pública como en inversión estatal (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Se estableció, además, que el Estado debe garantizar sin discriminación alguna el goce del derecho a la educación (art. 3) promoviendo el acceso universal, la permanencia, la movilidad y el egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en los niveles Inicial, Básico y Bachillerato (art. 28). Además, se dispuso que la educación debe centrarse en el ser humano y su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a la democracia. Por esto se define su carácter de participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente, diversa y de calidad. Debe impulsar la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulando el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar (art. 27), reconociendo y respetando los derechos de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades a una educación intercultural bilingüe.

Se han implementado nuevos  programas, las políticas, los recursos y los actores del proceso educativo, así como aquellas acciones en los niveles de Educación Inicial (EI), Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU) (art. 344). Como parte del diseño del SNE, se definió la creación de una institución pública autónoma para la promoción de la calidad de la educación y la evaluación integral interna y externa (art. 346). Esta fue la partida de nacimiento del Ineval que inicia su vida institucional en noviembre de 2012 y desde entonces, realiza procesos evaluativos periódicos al SNE y, vela por la continua mejora en la calidad de la educación